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Publicado el

29 de Marzo de 2016

Temática

Foto: El Mercurio
Foto: El Mercurio

"El foco de fiscalización tendrá que ver con la orientación de la política. No vamos a ir a perseguir al pequeño almacén", argumenta el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, para "desmitificar" las interrogantes que persisten en torno de la implementación de la nueva Ley de Etiquetado de los Alimentos, que entrará en vigencia el 27 de junio.

Desde esa fecha, todos los productos elaborados industrialmente y que excedan los niveles máximos permitidos de sodio, grasas saturadas, azúcar y calorías deberán contar en su etiquetado con un octógono de color negro como advertencia sobre el potencial peligro que el consumo de esos productos reviste para la salud humana.

Burrows explica que la fiscalización de la ley se centrará en aquellos lugares donde se podría generar el cambio de hábitos de consumo que se busca en la población -que prefiera productos con menor aporte nutricional para reducir los niveles de obesidad-; es decir, "en donde se puedan encontrar los productos afectos a la ley en mayor cantidad, que son los supermercados". Según el subsecretario, a ellos se sumarán los quioscos de los colegios, porque "lo que más nos importa es disminuir el consumo de este tipo de productos en la población infantil. Por eso nuestro foco serán los establecimientos educacionales".

Durante los últimos meses la industria ha planteado diversas dudas respecto de cómo adoptar el nuevo etiquetado. Entre ellas, la posibilidad de que productos etiquetados antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley puedan seguir a la venta después del 27 de junio, porque de lo contrario las empresas podrían sufrir pérdidas importantes.

Ante ello, la Contraloría se pronunció respaldando la interpretación del Ejecutivo, en el sentido de que todos los productos que estén siendo comercializados al 27 de junio deberán contar con el nuevo etiquetado (en el caso de requerirlo). No obstante, quedará exento un gran grupo de productos: aquellos que sean elaborados por micro, pequeñas y medianas empresas.

A ellos se les dará un plazo extra de 36 meses desde la entrada en vigencia de la norma; es decir, tendrán hasta junio de 2019 para adoptar el etiquetado, tal como dice el reglamento de la ley.

Asimismo, a los productos cuyas etiquetas deban ser cambiadas, pero ya están impresas, se les podrá añadir un autoadhesivo con la advertencia nutricional.

Quiebre de stock

Pese a las aclaraciones del Ministerio de Salud, los reparos de la industria se mantienen. Rafael Cumsille, presidente de la Cámara de Comercio Detallista, advierte que la entrada en vigencia de la norma puede provocar quiebres de stock de ciertos productos.

Según el dirigente, "ya está aconteciendo el quiebre de stock . Hay empresas grandes restringiendo sus compras a proveedores de mipymes. He tenido información al respecto, donde naturalmente los compradores están muy preocupados de no quedarse con productos. Ahí va a haber una dificultad que no sé cómo se solucionará. Es de esperar que (la ley) tenga una marcha blanca".

Tal alternativa, sin embargo, es descartada de plano por Salud.

Asimismo, Cumsille plantea que en lugares donde el abastecimiento no es continuo (como en las zonas más aisladas geográficamente), la situación será aún más compleja. Y asegura que "el comerciante pequeño compra de acuerdo a demanda, y nosotros vamos a hacer una campaña destinada a que pasada cierta fecha no se compre si las empresas no cumplen con las disposiciones" de la nueva ley.

"Ya está aconteciendo el quiebre de stock".

RAFAEL CUMSILLE

Cámara de Comercio Detallista



"No vamos a ir a perseguir al pequeño almacén".

JAIME BURROWS

Subsecretario de Salud Pública

Publicado en: 
El Mercurio por René Olivares